La crisis económica tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida nacional y el de la lucha contra la inmigración ilegal es uno más de ellos. Desde hace cerca de dos años la Administración opta por imponer multas a aquellos extranjeros en situación irregular en España que no hayan delinquido, en lugar de por la expulsión, como era la tónica general hasta entonces.
Este es uno de los aspectos analizados en el XXII Encuentro de la Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo, que se celebra estos días en Valencia y que fue inaugurado este jueves por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer. Según este análisis, la realidad descrita es mucho más acusada en las zonas de más densidad de inmigración -en la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo, se llega a cerca de un 80 por ciento de los casos-, mientras que en el País Vasco y Navarra, donde hay apenas un 10 por ciento de población extranjera, esto no se ha llegado a detectar.
Según explicaron a ABC varios de los casi 200 participantes en el encuentro, la nueva realidad se debe a que «se han juntado el hambre con las ganas de comer». En primer lugar, la nueva situación se ajusta mucho mejor a la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual el mero hecho de estar en situación ilegal en España no debe suponer la expulsión del inmigrante, salvo que esté relacionado con alguna actividad delictiva, sino la aplicación de una multa. Pero con ser eso cierto, también lo es el hecho de que la doctrina citada de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS es de 2006, y hasta que comenzaron a notarse los estragos de la crisis no se había producido ese cambio en las autoridades administrativas.
Multas a partir de 500 euros
Las expulsiones son muy caras y no siempre pueden cumplirse
En estas condiciones, la causa de que ahora se opte más por la imposición de multas a los «sin papeles» se debe, a juicio de los abogados especializados en esta materia, a razones mucho más prosaicas, «aunque el resultado final sea mucho más ajustado a derecho». En primer lugar, las expulsiones son muy caras y cuando se dictan no siempre pueden cumplirse. Pero es que además, cuando se impone una multa al extranjero -la cuantía mínima es de 500 euros y en algunas circunstancias el estado permite el pago fraccionado-, al menos hay un retorno económico para las arcas públicas.
«Se aplican criterios políticos»
Otros letrados más escépticos añaden que a la mayoría de los inmigrantes esa multa le da igual porque piensan nunca podrán abonar esas cantidades. Por si fuera poco, una misma persona puede ser multada por esta causa cada vez que sea detectada, y en cada ocasión la cuantía de la sanción aumenta. Y si existe una reiteración, se puede llegar a decretar la expulsión del implicado.
«Al final, lo que se aplican son criterios políticos. En Madrid, lo que hace un año era expulsión fija ahora se convierte en una multa», concluye otro de los abogados reunidos. Y es que los tentáculos de la crisis llegan a todas partes.